Quienes suscribimos el presente
documento, ex Jefes de Estado y de Gobierno Iberoamericanos, invitados por la
Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) y preocupados por el
curso que toma la grave alteración institucional, política, económica y social
que afecta sin distinciones a nuestros hermanos venezolanos, hacemos constar lo
siguiente:
La democracia y su ejercicio efectivo,
fundamento de la solidaridad entre los Estados, consiste en el respeto y
garantía de los derechos humanos, el ejercicio del poder conforme al Estado de
Derecho, la separación e independencia de los poderes públicos, el pluralismo
político, las elecciones libres y justas, la libertad de expresión y prensa, la probidad y transparencia gubernamentales, entre otros estándares, tal y comoconsta
en la Declaración de Santiago de Chile adoptada por la Organización de los
Estados Americanos en 1959, luego ampliada y desarrollada por la Carta
Democrática Interamericana de 2001.
No obstante ello, el gobierno de
Venezuela denuncia la Convención Americana de Derechos Humanos y sostiene una
política de no reconocimiento ni acatamiento de las decisiones y
pronunciamientos dictados por los órganos internacionales e interamericanos de
tutela de derechos humanos, afectando gravemente el derecho al amparo
internacional de derechos que consagra la Constitución de dicho Estado en
beneficio de todas las personas.
En lo particular, es manifiesta la
ausencia de independencia de la Justicia, la persecución judicial de quienes manifiestan y se expresan
políticamente disidentes frente al señalado gobierno, la presencia reiterada de
actos de tortura por funcionarios del Estado, la existencia de grupos para
estatales armados y de apoyo al mismo gobierno, y el ambiente de total
impunidad, a cuyo efecto se le exige la inmediata liberación de todos los
presos políticos, entre otros del dirigente democrático Leopoldo López y los
alcaldes Antonio Ledezma y DanielCeballos.
Sucesivamente, funcionarios de la policía
política, sin rostros visibles, sin mediación judicial ni procedimiento de
investigación previo, apresan por la fuerza al Alcalde Metropolitano de
Caracas, Antonio Ledezma, quien es la segunda autoridad civil de elección
popular más importante en la capital de Venezuela, y hoy se le mantiene
recluido junto a otros presos políticos, en una prisión militar; hecho que,
siendo atentatorio del ejercicio del poder con apego al Estado de Derecho, lo
anuncia y celebra el Presidente de Venezuela en cadena nacional de radio y
televisión imponiendo previamente un black out informativo sobre la actuación
arbitraria e ilegítima de sus funcionarios acusando luego a Ledezma de
suscribir junto al preso político Leopoldo López y la diputada María Corina
Machado una opinión política en la que afirman el carácter antidemocrático del
gobierno de Nicolás Maduro y señalan las vías constitucionales que, a juicio de
éstos, permitirían superar de conjunto la crisis venezolana.
Rige en Venezuela, además, una hegemonía
comunicacional de Estado, decidida por el mismo gobierno desde noviembre de
2004 en su documento La Nueva Etapa, El Nuevo Mapa Estratégico de la Revolución
Bolivariana. Al efecto, se han dictado leyes de control de contenidos de la
información y para el incremento de las sanciones penales por delitos de
desacato, promoviéndose la censura y la autocensura de la prensa. La violencia
contra periodistas, columnistas y twitteros tiene carácter sistemático y se les
criminaliza. Han sido cerrados medios de comunicación social independientes,
sea por decisión oficial o propia, por falta de insumos o papel periódico cuya
importación controla el Estado, tanto como se han suspendido las señales de
medios extranjeros o han expulsado a sus periodistas del territorio nacional.
La Relatoría para la Libertad de
Expresión de la OEA, en su Informe de 2013 da cuenta, por una parte, que “en
Venezuela se ha producido un proceso de reformas estructurales del marco
jurídico y de aplicación de políticas públicas que han debilitado las garantías
del derecho a la libertad de expresión en el país” y, por la otra, hay un
“uso persistente de declaraciones estigmatizantes utilizadas por funcionarios
públicos para descalificar a periodistas, medios de comunicación y miembros de
la oposición que expresan ideas, opiniones o difunden información contraria a
los intereses del Gobierno venezolano”.
Desde 2009 la misma Comisión
Interamericana de Derechos Humanos “considera que la falta de independencia y
autonomía del poder judicial frente al poder político constituye uno de los
puntos más débiles de la democracia venezolana, situación que conspira
gravemente contra el libre ejercicio de los derechos humanos en Venezuela”.
Dentro de dicho contexto, en medio de la
aguda crisis venezolana mencionada, signada por la persecución y
judicialización de la oposición democrática, el gobierno se ha hecho ahora de
una “ley habilitante” a fin de legislar por vía de decretos ejecutivos sobre
todas las materias del orden constitucional y para establecer sanciones, incluidas
las penales, arguyendo la inminencia de un conflicto internacional e interior,
y obviando la necesaria declaratoria si fuese el caso - de un estado de
emergencia que le obligaría someterse al control judicial y su observación por
los organismos internacionales de derechos humanos.
Por lo mismo, cabe observar que sin la
efectiva vigencia de un sistema de separación e independencia de los poderes
públicos, que permita el control de los mismos, ninguno de los
componentes esenciales de la democracia a los que alude la misma
Carta Democrática Interamericana pueden llegar a tener verdadera aplicación en
Venezuela; es decir, no puede haber posibilidad real de exigir y controlar la
transparencia y probidad de las actividades gubernamentales, y la
responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública; no hay forma de
garantizar el efectivo respeto de los derechos sociales ni la libertad de
expresión y de prensa; no se puede asegurar la subordinación de todas las
autoridades del Estado, incluyendo la militar, a las instituciones civiles del
Estado; en definitiva, no se puede asegurar el respeto al Estado de derecho.
La alteración constitucional y
democrática que sufre Venezuela se profundiza, asimismo, en el plano de lo
económico y social, en razón, por una parte, de los señalamientos y
evidencias que suministran gobierno se instituciones financieras
internacionales sobre actos de corrupción y lavado de dineros agravados que
comprometerían a altos funcionarios
y jerarcas militares venezolanos y, por otra parte, al constatarse elderrumbe
de la economía venezolana, en la que si bien influye la caída internacional de
los precios del crudo, sus dimensiones se explican en la ausencia de
políticas públicas propias de una economía sana y moderna, que ha contribuido
al señalado clima de corrupción y la dilapidación gubernamental de la riqueza
nacional.
Ello ha generado una serie de problemas
y desbalances en la economía venezolana, que van más allá de la caída
internacional de los precios del petróleo y se han profundizado
notablemente durante los últimos años. Éstos y
aquéllos se presentan en
los ámbitos fiscales, monetarios, financieros, cambiarios,
petroleros y reales, dando lugar a una recesión muy profunda en el país y a una
galopante inflación que mina la capacidad de compra y los ingresos familiares,
acentúa la pobreza, genera desempleo y deteriora la calidad
de vida de la población, particularmente la de aquellos que menos
tienen.
Un gasto gubernamental desbocado y
desordenado que cada vez se distancia más de sus ingresos, ha generado
enormes y crecientes déficits, que hoy ya alcanzan niveles equivalentes a cerca
de 20% del PIB. Eso no solo ha hecho que la deuda pública se incremente
notablemente, particularmente la interna, sino también que el gobierno haya
forzado al Banco Central de Venezuela (BCV) a financiar buena parte de esa
brecha a través de la creación masiva de dinero sin respaldo que, a su
vez, se ha traducido en un crecimiento dislocado de la oferta monetaria.
Así las cosas, cuando los consumidores
acuden a los mercados o farmacias no encuentran los productos que buscan, pues
la oferta se restringe cada vez con mayor intensidad, debido a:
- la hostilidad gubernamental a las pocas
empresas privadas que subsisten a las ya expropiadas o confiscadas en
procura de una economía de Estado;
- la imposición de restricciones de todo tipo a
productores y comercializadores, entre ellas controles desmedidos de
precios sin tomar en consideración el comportamiento de los costos,
condenando a muchos a trabajar a pérdida;
- los muy limitados accesos a las divisas dentro
de una economía que poco produce y casi todo lo importa, acumulándose
deudas con los proveedores externos;
- la ineficacia creciente de las empresas
públicas, muchas de ellas expropiadas o expoliadas al sector privado, que
al pasar a manos del Estado producen mucho menos que antes.
En consecuencia, preocupados por el
inmediato futuro de los venezolanos y obligados a contribuir con
nuestra palabra a la afirmación de un clima de paz y de negociaciones que
permitan abrirle senderos a una solución no violenta a la mencionada crisis,
nos permitimos alertar sobre ello a los gobiernos de nuestros países y a
la Cumbre de las Américas, así como expresar nuestro parecer en
los términos siguientes:
a) La
severa crisis democrática e institucional, económica y social que afecta a
Venezuela y a todos los venezolanos no admite sino soluciones negociadas y
sería irresponsable y hasta criminal reducirla o desfigurarla, en su origen y
efectos, a una suerte de confrontación entre el gobierno de Nicolás Maduro y el
llamado imperialismo norteamericano, o atribuirla a la mera caída de los
ingresos petroleros.
b)
Venezuela, a corto plazo y dentro del complejo ambiente que la afecta, signado
por la persecución política de los opositores y la ausencia separación de
poderes como de balances institucionales, vivirá un proceso electoral
para la renovación de los representantes de la soberanía popular en
la Asamblea Nacional; dado lo cual, sólo una observación internacional
autorizada, imparcial, y técnicamente calificada, que acepte el
Poder Electoral actualmente bajo control de militantes gubernamentales,
podrá contribuir con la existencia de garantías para el debate político libre
y el carácter justo, equitativo y transparente de los
comicios planteados.
c) La
corrección de los múltiples desequilibrios macroeconómicos existentes en
Venezuela se logrará a través de la implementación de un amplio y complejo plan
de ajuste, que incluye múltiples componentes como la racionalización del gasto
gubernamental, la eliminación del financiamiento de gasto público deficitario
por el Banco Central de Venezuela, la ampliación y diversificación de la
producción interna; el estímulo y promoción de la inversión reproductiva; la
desregulación de la economía. Pero su implementación, de suyo difícil y
orientada a corregir los múltiples desequilibrios macroeconómicos
existentes, puede generar efectos inmediatos que golpearían a toda la
población, pero en especial al segmento de más bajos ingresos. Y ello reclamará
la existencia de un liderazgo capaz de producir consensos democráticos,
movilizar y asegurar un amplio apoyo político por la población,
para lo cual será esencial la aplicación de una serie de planes sociales
compensatorios efectivos, que mitiguen las adversidades.
d) La
corrección de los severos desequilibrios que hoy se padecen en Venezuela exige
un cambio radical en el manejo de la cuestión económica, un giro en su modelo
político y económico, que tiene que hacerse dentro de un contexto de mucha
amplitud. A su vez, tiene que responder a un esfuerzo que ayude a crear las
condiciones que aseguren el éxito en la implementación ulterior de un plan
de desarrollo sustentable de largo alcance; que busque no solo el progreso
sostenido en lo económico, sino también la consecución de los objetivos de
desarrollo permanente en materia política, institucional, social, ambiental,
tecnológica, científica, cultural y de renovación ética. Solo así podrá salir
Venezuela del atolladero que la atenaza, y logrará alcanzar el desarrollo y el
progreso sustentable al que tiene derecho y deben aspirar todos los
venezolanos, sin distinciones de ningún género.
En suma y como desiderata cabe concluir
que la única posibilidad de restablecimiento de la democracia en Venezuela y de
una efectiva garantía de los derechos políticos, económicos y sociales de los
venezolanos, pasa por el rescate del principio y sistema de separación
de poderes, mediante la designación de sus titulares respetando las garantías
democráticas representativa y participativa establecidas en la Constitución, de
manera de asegurar su independencia y autonomía, comenzando por el Poder
Electoral y a fin de que puedan asegurarse con imparcialidad, el
desarrollo de elecciones libres y justas.
Así lo refrendamos, en el día de hoy,
nueve de abril de dos mil quince.
- Nicolás Ardito B., Panamá
- Oscar Arias, Costa Rica
- José María Aznar, España
- Belisario Betancur, Colombia
- Armando Calderón Sol, El Salvador
- Felipe Calderón, México
- Rafael Ángel Calderón, Costa Rica
- Laura Chinchilla, Costa Rica
- Alfredo Cristiani, El Salvador
- Eduardo Duhalde, Argentina
- Vicente Fox, México
- Felipe González, España
- Lucio Gutiérrez, Ecuador
- Osvaldo Hurtado L., Ecuador
- Luis Alberto Lacalle, Uruguay
- Luis Alberto Monge, Costa Rica
- Mireya Moscoso, Panamá
- Andrés Pastrana, Colombia
- Sebastián Piñera, Chile
- Jorge Quiroga, Bolivia
- Miguel Ángel Rodríguez, Costa Rica
- Julio M. Sanguinetti, Uruguay
- Alejandro Toledo, Perú
- Álvaro Uribe, Colombia
- Juan Carlos Wasmosy, Paraguay
